La asambleísta y candidata a la reelección por el partido oficialista ADN, Yadira Bayas, ha sido acusada de utilizar recursos públicos con fines proselitistas durante un evento en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según denuncias ciudadanas y de la oposición, Bayas distribuyó cocinas de inducción adquiridas por el Estado durante el gobierno de Rafael Correa, que actualmente forman parte de un programa de distribución masiva del presidente Daniel Noboa. 

Este acto ha desatado una ola de críticas al evidenciar un posible uso indebido de bienes públicos, lo cual constituye una grave infracción electoral y podría tipificarse como peculado según la legislación ecuatoriana. La entrega de estas cocinas, según analistas, contradice el discurso de la bancada oficialista, que había asegurado que evitaría el uso de recursos estatales en campañas políticas.

El expresidente Rafael Correa reaccionó con contundencia ante este hecho: “Sin un ápice de vergüenza, la candidata Yadira Bayas entrega las cocinas de inducción del Gobierno. Eso es campaña con recursos públicos: una gravísima infracción electoral y peculado. #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, expresó a través de sus redes sociales, poniendo en el foco la falta de ética en el manejo de los bienes estatales.

Organismos de control como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado han sido llamados a investigar y sancionar este tipo de acciones que atentan contra la transparencia democrática. 

El uso de recursos públicos con fines electorales no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa prácticas corruptas que deben ser erradicadas de raíz. “La ciudadanía demanda rendición de cuentas y respeto al Estado de derecho”, señalaron representantes de colectivos ciudadanos.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los procesos electorales, para garantizar que el aparato estatal no sea utilizado como herramienta de promoción política.